Las recientes decisiones de la Audiencia Nacional, incluidos los autos del Juez Garzón, han generado una enorme frustración en todos aquellos y aquellas que creyeron que jueces del antiguo “Tribunal de Orden Publico” podrían juzgar a los 18 ministros del Franquismo que aun viven y/o a sus cómplices y encubridores (obispos y cardenales incluidos). Garzón y los abogados de las asociaciones que presentaron denuncias debían saber que la Audiencia Nacional no era competente para enjuiciar dichos delitos, y algún día tendrán que explicar cuáles eran y son las verdaderas intenciones de su actuación.
Desde nuestras entidades, pese a ello, saludamos la iniciativa de Garzón, en la medida que por primera vez se calificaba a los actos del Franquismo como crímenes contra la humanidad y se declaraba nula, por vulnerar el derecho internacional, la Ley de Amnistía de 1977, sustento del modelo de impunidad español. Pero también dijimos, y decimos, que el Golpe de Estado de Franco se produjo contra una gobierno legal y legítimo, y que dado que el Juez Baltasar Garzón no puso en duda, en términos jurídicos, la legalidad franquista, y dado que los delitos fueron cometidos por altos funcionarios del Estado, con el código franquista en la mano, la competencia para investigar estos delitos esta el Tribunal Supremo. La única solución técnicamente posible para enjuiciar de verdad al Franquismo es declarar la nulidad de sus actos jurídicos relacionados y/o consecuencia de los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista. El Juez Garzón o el Pleno de la Audiencia Nacional debió, a nuestro entender, enviar las actuaciones al Tribunal Supremo solicitando que se nombrase un juez especial para continuar las investigaciones, lo que demostraría su buena fe en permitir el acceso de las víctimas al derecho a la justicia. Si bien el principio del Juez natural es un derecho irrenunciable para cualquier organización progresista, el reenviar la investigación a 62 juzgados ordinarios, tiene consecuencias graves para las víctimas, que puede provocar una clara y completa indefensión a las víctimas y convierte este reparto en un intento de consolidación del modelo de impunidad defendido por el Gobierno y la práctica totalidad de los grupos políticos con representación parlamentaria. Si a ello unimos sospechosos intentos por parte del propio Juez y de sectores afines al PSOE, incluidas sus organizaciones satélites de memoria histórica, de quedarse en la creación de una “Comisión de Expertos” para investigar los hechos, todo parece ser que, por un lado, se pretende que esta investigación no tenga consecuencias jurídicas y muy pocas políticas, y por otro lado, seguir permitiendo que el levantamiento de fosas pueda ser negocio para algunas gentes.
Lo que dichas resoluciones han demostrado el total fraude de la llamada “Ley de Memoria Histórica”, la cual consideramos que se trata de una ley contraria al derecho internacional. La Ley de la Memoria no hace frente a ninguno de los problemas jurídicos derivados de la casuística de las víctimas del franquismo: los niños de la guerra y la denegación de su condición de refugiados; las exhumaciones ilegales de fosas comunes, que seguirían llevándose a cabo sin garantías judiciales y sin respetar los protocolos internacionales e internos para este tipo de exhumaciones; el problema de los españoles que lucharon contra el nacionalsocialismo desde los ejércitos aliados; la no declaración de nulidad de los juicios y ejecuciones sumarias, o la previsión de las garantías adecuadas para el acceso a los archivos de la represión. Causa extrañeza la hipocresía de algunos sectores del PSOE y de IU que a la par que aplaudían a Garzón olvidaban y ocultaban que votaron a favor de dicha norma. El Gobierno de Zapatero y los grupos que apoyaron dicha Ley han cometido una irresponsabilidad moral en cuanto a la localización de víctimas de la guerra civil o de la posterior represión franquista. El actual estado de cosas no es más que la consecuencia de la falta de responsabilidad ética, moral y legal de los grupos políticos parlamentarios que apoyaron la denominada Ley de la Memoria Histórica que dejan en indefensión absoluta a las víctimas y sus familiares y que pretende alejarles de la historia común europea y, especialmente, de las soluciones que se adoptaron en esta materia en los países que sufrieron regímenes fascistas o nacionalsocialistas.
Y hoy nosotros / as nos atrevemos a decir más, dicho olvido consciente de las victimas es una parte más de los acuerdos vergonzantes de la llamada Transición, que tiene en la Constitución su máxima expresión. Por eso, en Asturies tres organizaciones (Memoria Histórica Asturiana, Foro Ciudadano por la República y Foro por la Memoria del Oriente de Asturias) hemos acordado dar un paso adelante, pues entendemos que es necesaria la confluencia y la unidad entre el movimiento memorialista y el movimiento republicano, para sobre las bases de nuestra memoria antifascista y republicana más temprano que tarde, de nuevo, se abran las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.
Os invitamos el día 1 de Febrero a las 12,30h, en el Paseo de Poniente (frente al Acuario), en Gijón, a la presentación de nuestra federación a la vez haremos una ofrenda floral en memoria de todos los republicanos.
POR UNA DEMOCRACIA PROFUNDA Y AL SERVICIO DE LOS MAS DEBILES.
POR LA III REPUBLICA.
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